La cuenca del Duero: ¿feudo fluvial?

EL NORTE DE CASTILLA

(14/10/2009)

La cuenca del Duero, sostiene el autor, forma parte de los asuntos intracomuntarios sobre los que el Estado debe tener las competencias en defensa del interés general; fragmentar su poder hará muy difícil cumplir con lo que obliga el derecho de la UE.

El traspaso de la cuenca del Duero a la comunidad autónoma vuelve a surgir a raíz de las recientes negociaciones entre el Estado y la Junta. En realidad, la transferencia de la cuenca del Duero comienza a plasmarse en las reformas estatutarias de 1999 y es ahora cuando adquiere carta de naturaleza, a la espera de que el Tribunal Constitucional deshaga el lío de la madeja de los estatutos de autonomía de hace un lustro y que cuenta con los ríos y acuíferos como principal bastión a conquistar. ¿Es constitucional esta transferencia?, ¿es deseable? La doctrina reiterada del Tribunal Constitucional sobre aguas subraya que la territorialidad es la distinción básica la distribución competencial, contando con una fuerza expansiva unida al concepto del interés nacional, pues incluso en asuntos plenamente intracomunitarios le corresponde la competencia al Estado si se demuestra que existe un interés superior. Esta doctrina no se predica sólo respecto de los ríos, sino de otros muchos asuntos donde la geografía se superpone a la distribución territorial del poder, como las carreteras, el ferrocarril o las líneas de alta tensión. Es decir, que la reforma del régimen competencial en materia fluvial se topa con barreras constitucionales infranqueables, problemas que han sido reconocidos por el mismo Consejo Consultivo autonómico.
El Duero no sólo importa a sus ribereños, sino que el resto de españoles tenemos interés en que recupere la vida que se le ha arrebatado tras décadas de degradación.
La doctrina constitucional, el derecho internacional y el europeo, hasta el sentido común, se apoyan una y otra vez en el principio de la unidad de cuenca, cuestión que corrobora la norma básica en estamateria, la Directiva Marco del Agua. Esta versión castellano y leonesa del Estado fragmentado socava los cimientos de la distribución del poder, máxime cuando se piensa en la versión reduccionista del ‘agua’, pues en realidad se trata de territorios y ecosistemas. Con anteojeras caladas a voluntad, los promotores de esta reforma olvidan que Portugal cuenta mucho y que el objetivo de la Directiva Marco del Agua es la consecución del ‘buen estado ecológico’.
Esta vuelta de tuerca en la fragmentación del poder estatal hará muy difícil, si no imposible, cumplir con lo que nos obliga el derecho de la UE. Sobre si esta reforma es deseable, los juristas nos distraemos como niños con el examen formal de una norma, pero lo que jamás olvidan los políticos es el poder, lo que a fin de cuentas importa.
Así, el primer paso es que los ríos queden reducidos a ‘agua’, como si La Alhambra fuera trozos de arcilla y estuco o los cuadros del Museo del Prado, lienzos con pigmentos resecos. Troceado el objeto de deseo, sólo resta planificar su conquista final, ya que la lógica de la acción colectiva y una observación atenta de la realidad nos enseñan que el poder tiende a ser monopolístico.
No nos extrañe así que el asalto a los valores comunes se plantee ya sin recato por los gobernantes de regiones que hacen gala de oponerse a las fuerzas centrífugas.
Pasemos a la realidad, ¿qué hace la Junta de Castilla y León por su territorio al ejercer sus competencias? Si examinamos el bochorno de la estación de esquí de San Glorio, las clandestinas y enormes minas de carbón a cielo abierto, la barbarie de las nuevas presas del río Valdavia y su dragado kilométrico, el vandalismo de la presa de Castrovido, las presiones para evitar la caducidad de la hidroeléctrica de Barbellido, el caos agrario del acuífero de Los Arenales, la promoción de la denostada Ciudad del Medio Ambiente, la destrucción de pinares abulenses para urbanizaciones masivas, el caos cinegético, el mantenimiento de parques naturales de papel, las magnesitas de Borobia, los residuos tóxicos de Santovenia, la huida hacia delante con nuevOs proyectos de regadío y concentraciones parcelarias que han quedado obsoletos ante la reforma de la PAC o la burla de muchas evaluaciones de impacto ambiental de parques eólicos, nos daremos cuenta de que se queda muy corto el famoso ‘Informe Auken’ del Parlamento Europeo sobre el incumplimiento contumaz de la Ley en España, pues tenemos que en Castilla y León el zorro está también a cargo del gallinero, se emplea el poder público como fuente de rentas y se paraliza la actividad judicial. Palabras más graves ha empleado el Parlamento Europeo. Si a todo lo anterior le sumamos el traspaso de la gestión del Duero, el tremendo monopolio de poder hará que el imperio de la ley quede pulverizado en los puños de quienes tienen cautiva a la Administración autonómica, auténtica ‘captura del regulador’, expresión clara y contundente que desluce los oropeles del Estado de Derecho y arrumba a un sótano ingenuas expresiones legales.
La Confederación Hidrográfica del Duero padece graves problemas en cuanto a su primera misión, cumplir con la Directiva Marco. La vieja cultura del agua se ha hecho fuerte en los organismos de cuenca, que piensan más en los parámetros de hace sesenta años que con la vista puesta en el año 2015. Aun así, hay personas que creen en la nueva cultura del agua y luchan para que la modernidad, la ilustración y el nuevo paradigma fluvial se abra paso entre el subsidio de obras ruinosas, el populismo, las contratas de difícil explicación y la falta de transparencia. No valen entonces sucedáneos constitucionales con vestiduras estatutarias ni que solivianten el valor normativo de la Constitución con los más extravagantes subterfugios.
El traspaso de la cuenca del Duero con estos antecedentes y con los planteamientos expuestos resultará en la feudalización fluvial, que encontrará coto en el Tribunal Constitucional, en el que se habrá de confiar… si nos dejan.

PEDRO BRUFAO CURIEL (CATEDRÁTICO E.U. DE DERECHO ADMINISTRATIVO)

Artículos de opinión | Viernes, 16 Octubre 2009 | Coagret

Nuevo trasvase desde el Tajo

Estimados compañeros de la Red del Tajo,

como ciudadano de la cuenca del Tajo me da asco la entrevista que publicó el diario La Razón con el Secretario de Estado Puxeu. Como ciudadano de la cuenca del Tajo me da vergüenza que la Junta de Extremadura sea capaz de poner precio a "su" Tajo y, sin competencias, licitar un estudio para conectar el Tajo con el Guadiana, el Júcar y el Segura.

No tolero que un Secretario de Estado diga que el Ebro está muy trasvasado, y que lo que da Madrid, previamente depurado, es más de lo que daría el trasvase del Ebro. No entro a considerar qué trasvase es mejor, puesto que opino que ésa no es la solución; lo que digo es que este individuo miente o hace gala de una ignorancia terrible, que no sé qué será peor. Se nos están poniendo sobre la mesa los mismos argumentos empleados en el Anteproyecto del Tajo-Segura de 1967, esta vez por un gobierno socialista que utiliza los mismos mimbres que la dictadura franquista. Los mismos argumentos, los mismos razonamientos, las mismas mentiras. Las consecuencias las conocemos.

Como ciudadano de la cuenca del Tajo, de Talavera de la Reina, buen conocedor del embalse de Valdecañas, del Tiétar, de las sierras de la Jara, de Guadalupe, del Gualija, de los Guadarranques, de los Montes de Ciudad Real, de Anchuras, de Cijara, de Puerto Peña, de las lindes de Cabañeros, me da asco el desprecio de este tipo hacia esta tierra, hacia estos ríos, y hacia las gentes que aquí habitan. Nos trata como indígenas indocumentados, como plastilina que moldear, como elementos susceptibles de emplear, modificar y manipular. Puxeu socializa el problema del agua al más puro estilo estaliniano, sin tocar los cojones a sus paisanos catalanes con hipotéticos trasvases del Ebro, para que no molesten en la política nacional. Pero piensa que aquí tragamos con todo, que con comprar a los políticos de los gobiernos regionales con unas cuantas bagatelas, ya está todo hecho. Que qué van a decir estos paletos castellanos, extremeños y portugueses, si con tres collares falsos y dos espejos los tenemos en el saco.

El tercer trasvase del Tajo vendría a consagrar las dos Españas, no las de Machado, sino la de los pobres y la de los ricos, la de los que tienen capacidad de influir en el gobierno de España, y los que están para servir. Es paradójico que un gobierno que se autodenomina socialista venga a trazar un trasvase del Tajo en la zona más pobre de toda España, con una densidad de población de menos de un habitante por kilómetro cuadrado, en una zona donde en los años sesenta y setenta se construyeron embalses con capacidad de almacenamiento, de 12.500 hm3 entre el Tajo y el Guadiana, anegando los valles y echando a la gente de los pueblos a punta de pistola.

¿Que hubo contestación para el trasvase del Ebro? Aquí va a haber más. Comprar las voluntades de los gobiernos autonómicos -hacer la vista gorda con refinerías y oleoductos en Badajoz, dar el plácet a cien parques eólicos en Extremadura, regalar una autopista por medio de la sierra de San Pedro entre Cáceres y Badajoz, un trasvase del Tajo al Reino de Don Quijote de Ciudad Real, o dejar que la Caja de Castilla-La Mancha sea un cromo que Zapatero regale a los "amigos" vascos para apoyar los presupuestos del Estado-; queda para la "alta política", la política de chicle que consagra la nueva España calcada de aquella de la Restauración, donde todo es ficticio, salvo los intereses de siempre, adornados por unos partidos políticos que gobiernan para ellos y sus intereses, no para el pueblo al que dicen representar y que paga religiosamente sueldos y prebendas.

El trasvase del Tajo medio traería definitivamente la ruina al Tajo entre Casas de Fuente García y Lisboa, e implicaría la desaparición, literal, del Tajo en Portugal. De lo que se trata aquí es de trasvasar todo el Tajo: el alto Tajo al Mediterráneo; y el Tajo medio, con los afluentes del Sistema Central, al Guadiana, a la Mancha y al Mediterráneo. ¿Qué queda? Nada. Los intereses creados con Alqueva y nuevos embalses en Pulo do Lobo, especialmente por empresas españolas, pueden hacer que el Tajo acabe regando también medio Guadiana.

El trasvase del Tajo medio es un insulto para toda la cuenca del Tajo, tanto la española como la portuguesa. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Somos ciudadanos de primera categoría, como todos, no de segunda ni sobreros. De dos cosas estoy seguro: que volveré a contemplar este invierno la nieve sobre Gredos; y que jamás se hará un nuevo trasvase desde el Tajo. Queda luchar; pero eso ya lo sabíamos.

Muchas gracias y me permito dejaros un pedazo de un poema de Pessoa:

O sonho é ver as formas invisíveis

da distancia imprecisa, e com sensíveis

movementos da esperança e da vontade,

buscar na linha fria do horizonte

a árvore, a praia, a flor, a fonte-

os beijos merecidos da Verdade.

Miguel Ángel Sánchez

Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, de Talavera de la Reina

 

Artículos de opinión | Sábado, 10 Octubre 2009 | Coagret

El Estado sólo va a invertir 200.000 en Lechago por compensación

EStimad@s amig@s: Una vez más los lechaguinos nos sentimos engañados con el asunto de las compensaciones. En el borrador de los presupuestos generales del Estado aparece la ridícula cifra de 200.000 € en el 2010 para las obras de restitución por el pantano de Lechago (a invertir en los tres pueblos afectados). Una vez redactados los proyectos, con un plazo de ejecución de dos años y con un presupuesto de más de 13 millones de euros, vemos que no se tiene interés en ejecutar las obras prometidas hace más de seis años. Nos han destrozado lo más valioso de las tres localidades y ahora nos tratan con desprecio.

Restitución pantano de Lechago: 200.000 €

Importe total proyecto en licitación obras: 13,3M €

Es decir un 1,5% para todo 2010

 

¡¡¡A este paso inversor anual no acaban las obras en 66 años!!!

 

¡ESTO ES UNA VERGÜENZA!

 

¡BASTA YA DE ENGAÑAR A LOS LECHAGUINOS!

 

Asociación de Amigos de Lechago

 

Artículos de opinión | Miércoles, 30 Septiembre 2009 | Coagret

Sin medidas cautelares no hay Justicia

CUANDO la sociedad civil ha de medirse con los poderosos, éstos cuentan con una indudable ventaja: las sentencias llegan tarde y aunque se gane el pleito es casi imposible ejecutarlas luego. Como recientemente ha señalado la doctrina Soriano García: «Jueces, medidas cautelares y Administración Pública: ¿pasaría algo si se suprimiera la jurisdicción contencioso-administrativa?», se llega incluso a recomendar en algunas sentencias que se legalice la clara, dolosa y contumaz vulneración del Estado de Derecho, especialmente en materias de urbanismo, medio ambiente y contratos públicos, quedando además impune su responsable.

Se dice que la corrupción acompaña como la sombra al cuerpo a todo sistema político y es estructural en España, lo cual se aprecia sobre todo en cuestiones ambientales, claro ejemplo de perversión del interés general, de la huida del Derecho público, del pork barrel y de la captura del regulador: se silencia al funcionario que cumple con su deber; las funciones administrativas se diluyen en una marabunta de fundaciones y empresas públicas; se presentan evaluaciones de impacto ambiental pseudocientíficos o directamente copiados sin pudor de internet; si a pesar de todo se presenta un estudio riguroso, se falsifican luego sin ruborizarse nadie; se usa la vía de urgencia para obras que carecen de cualquier atisbo de legalidad; se licita la obra por la obra, previo pacto de los futuros adjudicatarios, muchas ruinosas y carentes de todo estudio de coste-beneficio, y si es en régimen de monopolio o autocontratación mucho mejor; se firman convenios contra legem o sin publicidad, que lo mismo arrasan un parque natural, una zona arqueológica y propiedades privadas o urbanizan una zona inundable... que se inundará.

No es de extrañar por tanto que al frente del botín más preciado, los departamentos de medio ambiente y urbanismo, tengamos a verdaderos zorros cuidando el gallinero, rapiña que destroza literalmente nuestra nación, pasa por encima de vidas y haciendas y actúa de filtro para autorizar lo prohibido y paralizar los escasos instrumentos legales de que disponemos. Lo dicho se constata sobre todo en el ámbito local y autonómico, donde el control es poco menos que una entelequia.

Así, la batalla por las medidas cautelares se convierte en una de las reducidas bazas que tenemos en la lucha por el Derecho, ya que gracias a la paralización de los proyectos es posible al menos en teoría detener por unos momentos al poderoso y evitar que se salga con la suya. De este modo, no nos encontraríamos con casos como el de la primera sentencia firme del Tribunal Supremo sobre caudales ambientales y concesiones de dominio público, aún sin ejecutar tras dictarse en 2005 en un litigio sobre unas presas hidroeléctricas del Parque Natural del Alto Tajo, pleito que se inició en 1989. Con mirada febril vemos que veinte años no es nada.

Junto a la parálisis de la actividad interventora y fiscalizadora, el control político del poder judicial o la denegación de la legitimación activa para acudir a los tribunales, una de las técnicas más efectivas de evitar la aplicación del Estado de Derecho se basa en exigirle al recurrente cantidades multimillonarias como fianza en caso de que el despropósito inicial llegue a recibir el beneplácito de los tribunales, a pesar de tal fianza no es obligatoria. Unos ejemplos ilustran lo que decimos.

El Auto de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 1996 sobre la petición de paralización de las obras del embalse de Itoiz, máximo ejemplo contemporáneo junto con el pantano de Riaño de la formación del espíritu hidrológico nacional y del vandalismo institucional y empresarial. En este caso se solicitaron 144 millones de euros o 24.000 millones de pesetas, exactamente 24.071.597.590, que magnánimamente fueron reducidas por auto de 6 de marzo del mismo año a 12.951.211.411, unos 77 millones de euros, liquidez imposible ni para el más rico epulón. Aunque los tribunales le den a uno la razón, si se es un pobre lázaro no le ampara la Ley. Así ha ocurrido con la declarada ilegal conversión en autovía de la M-501, donde el mismo tribunal que declaró clandestina la obra exigió el año pasado para parar estas obras ilegales 497.367 euros a la asociación ambiental recurrente. El valor de las cosas es a veces muy difícil de determinar y se dice que sólo Dios lo sabe: como ha ocurrido hace poco, si un promotor de energía eólica solicita una fianza de 2,5 millones de euros, el interés público ante la presencia manifiesta de ilegalidad y de daños al ecosistema logra salomónicamente para la asociación recurrente una rebaja del cincuenta por ciento.

Los entresijos del poder conocen al dedillo esta técnica. Hace unos meses, la Administración General del Estado solicitó a quienes recurrieron las obras del puerto canario de Granadilla la nada despreciable cantidad de 31 millones de euros, a pesar de que los promotores no aportaron ni un informe científico que amparase la descatalogación de especies protegidas que se encuentran en ese tramo del litoral. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó en marzo tal pretensión y ha accedido a paralizar las obras sin que se preste fianza, basándose en la producción de un daño inminente, cierto e irreversible. En otros muchos casos, al poderoso no le tiembla la mano al hacer caso omiso de las órdenes de paralización dictadas sin solución de continuidad por los jueces, lo que por ejemplo ocurre muy a menudo con la minería, graveras y canteras, cuya extendida clandestinidad y perversos resultados sobre el territorio son conocidos.

La situación podría mejorar si el procedimiento contencioso-administrativo se basara en la oralidad y en la inmediatez, cambiando con coraje judicial el orden de prioridad, con la práctica de las vistillas y favoreciendo con idéntico coraje la adopción de las medidas cautelares inaudita parte. De este modo, tampoco se causarían perjuicios al promotor que respeta la Ley, pues la paralización sería muy breve. En cuanto a la fianza, la ponderación de intereses ha de tener en cuenta la defensa de valores legítimos por entidades sin ánimo de lucro y magras en dineros frente a los actos con patentes muestras de ser nulos de pleno derecho, dictados en ejecución de disposiciones nulas y bajo la contumaz resistencia de una cautiva Administración Pública, donde la fianza no tiene razón de ser al conculcarse la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia garantizados por la Constitución y el Convenio de Aarhus. De esta manera ha ocurrido felizmente con la reciente paralización sin caución de un proyecto ya iniciado de 7.500 casas y tres campos de golf, sin concesión de aguas, situado en un pinar de alto valor ecológico de un pueblo abulense de 150 habitantes que se abastece con camiones cisterna.

Al final, el caos territorial español podría reconducirse si antes de que se sentenciara la ilegalidad de una obra en un plazo razonable de tiempo, se emplease cautelarmente la fuerza pública en el precintado de las obras y maquinaria, y el infractor contara con la total certeza de que habría de llevar a cabo y asegurar previo embargo la eliminación de lo construido.

Pedro Brufao. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura.

ABC (24/08/2009)

Artículos de opinión | Lunes, 24 Agosto 2009 | Coagret

Mularroya, un mal proyecto

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

(03/07/2009)

Finalmente los tribunales han anulado el proyecto de embalse de Mularroya en la sentencia del contencioso administrativo que la Plataforma Jalón Vivo había planteado. Los argumentos ambientales, que la legislación europea define cada vez con mayor rigor, han sido la clave.

Por mi parte, en cuantas ocasiones he estudiado el proyecto y los problemas de la comarca de Cariñena-Alfamén, siempre he insistido en que es uno de los embalses más irracionales, desde el punto de vista económico, de cuantos han suscitado conflictos en Aragón.

Teóricamente Mularroya debería resolver los "déficits" creados por la sobreexplotación del acuífero de Alfamén. Sin embargo, estos problemas se manifiestan en las zonas del acuífero más alejadas del Jalón, donde los terrenos están a una cota muy superior a la del embalse de Mularroya, lo que deja a los posibles usuarios fuera del área de servicio del embalse. Por el contrario, los regantes próximos a las riberas del Jalón, que sí quedarían cubiertos por la cota del embalse, disponen siempre de agua, a escasa profundidad bajo sus fincas, aún en años de sequía, pues el acuífero drena las aguas desde el Huerva hacia el Jalón. Se trata de dilucidar qué costaría más: ¿Pagar canon y tarifa del embalse y del canal, o pagar el correspondiente bombeo de aguas del acuífero?

Quien conoce el proyecto de Mularroya sabe que, los 15.000 millones de antiguas pesetas del primer proyecto, ya en 1999, se habían transformado en un presupuesto de 28.000 millones. Por otro lado, el coste mayor (más que la presa) se produciría en la perforación del túnel que debería conducir el agua hasta la zona de desembalse, atravesando una muralla de cuarcita.

EL COSTE TOTAL de estas obras, amortizadas de forma rigurosa a 40 años, supondría entre 0,12 y 0,18 euros por metro cúbico; y ello suponiendo que no se produjeran las habituales desviaciones presupuestarias que suelen elevar los costes de ejecución en no menos del 30%. Si se calcula el canon y tarifa, desde el vigente reglamento del dominio público hidráulico (que debería reformarse para adecuarlo a los criterios de la Directiva Marco europea), lo que deberían pagar los futuros usuarios se elevaría a unas 50.000 antiguas pesetas por hectárea el primer año y una media de más de 40.000 en media a lo largo de los 10 primeros años. Y ello suponiendo que todos los usuarios potenciales estén dispuestos a pagar. Sin embargo, resulta evidente que la mayoría de ellos no lo estarían, como no lo estuvieron en el caso del bombeo de la Tranquera, tras gastarse más de 2000 millones de las antiguas pesetas del erario público, en la década de los 90.

La razón radica en que, en la zona baja del acuífero, junto al Jalón, aún en años de sequía, cuando los caudales de las acequias son escasos, se puede bombear agua del acuífero, por un coste inferior a 0,02 euros por metro cúbico.

En todo caso, la Confederación Hidrográfica del Ebro debería haber explicado claramente a los futuros usuarios, lo que deberían pagar por el agua, condicionando las eventuales obras a un compromiso de pago, firmado por los futuros usuarios. Si tan sólo una parte de ellos aceptara el compromiso, el coste por hectárea debería revisarse al alta, para cubrir los costes que exige la ley. No ofrecer esta información clara a los futuros usuarios y no exigir por adelantado su compromiso de pago nos conduciría, como en el caso del bombeo de la Tranquera, a enormes gastos públicos que quedarían en quiebra financiera.

Alternativas existen muchas, pero sin duda, la línea de acción más razonable pasa por organizar una comunidad de usuarios del acuífero de Alfamén, que ponga orden en la explotación sostenible de ese patrimonio, que es de todos.

Una vez organizado el buen gobierno del acuífero, con la colaboración directa de los propios usuarios, la clave estaría en abrir estrategias de realimentación artificial del acuífero, estudiando las cotas y lugares más apropiados para realizar esa recarga con caudales de invierno. Siendo que ya disponemos de un enorme embalse bajo nuestros pies, resulta absurdo que construyamos otro. Y menos hoy, con la que está cayendo, en plena crisis económica.

Pedro Arrojo

Artículos de opinión | Viernes, 03 Julio 2009 | Coagret
COAGRET :: COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases Por una Nueva Cultura del Agua, No más pueblos bajo las aguas. RÍOS SIN PRESAS ¡PUEBLOS VIVOS!