México: Una represa de FCC ahoga la historia y los derechos

La empresa El Zapotillo amenaza con inundar la histórica población de Temacapulín y ha recibido informes negativos de organismos internacionales y de derechos humanos.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) levanta junto con otras dos compañías mexicanas la presa El Zapotillo, radicada en el Estado de Jalisco, para abastecer de agua principalmente a la ciudad de León (Guanajuato), a 140 kilómetros de distancia. La obra amenaza con inundar la histórica población de Temacapulín y ha recibido informes negativos de organismos internacionales y de derechos humanos. La empresa española que controla Esther Koplowitz defiende la construcción por criterios económicos y ambientales.

Temacapulín presume de pasado, lucha el presente y teme por su futuro. Son los tres tiempos de un pueblo al oeste de México que ronda el medio millar de habitantes y cuya historia se remonta a la época prehispánica. Una decisión técnica les condenó a desparecer cuando, para abastecer también de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a comunidades de los Altos de Jalisco, se decidió elevar el bosquejo de la presa El Zapotillo de los 80 a los 105 metros. Los promotores de la obra (la Comisión Nacional del Agua de México -CONAGUA- en coordinación con los gobiernos de Guanajuato y Jalisco) maquillaban así los casi 140 kilómetros de distancia que separaban la presa de su destino principal: la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Los 25 metros de diferencia sumergieron a Temacapulín en una lista de condenados a la desaparición en la que también figuran otras dos comunidades de los Altos de Jalisco: Acasico (200 habitantes aproximadamente) y Palmarejo (menos de un centenar de vecinos).

La resistencia de los opositores está liderada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, apoyada por el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo COA y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua (COMDA), entre otros actores. Insisten en que el proyecto, con un avance aproximado del 30 por ciento, se realiza al margen de la ley: sin cambio de uso de suelo, sin respeto a los derechos humanos ni consulta previa, con amenazas a la población y con órdenes de aprehensión contra las personas a las que pretenden desalojar violentamente. Lograron parar la actividad de la presa entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2011, para finalmente y previa condición de que no se persiguiera penalmente a quienes habían paralizado la construcción, entablar una mesa de diálogo con la CONAGUA y el Gobierno. La última reunión celebrada a principios de junio daba por terminada una discusión en donde los puntos de coincidencia sumaban cero. “El proceso de diálogo fue tan escandaloso que ni tan siquiera se puede considerar diálogo”, denuncia la activista de COMDA Claudia Campero.

El Zapotillo es un nuevo caso de participación del sector privado en la infraestructura hidráulica mexicana. La española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) construye la represa junto con La Peninsular y el Grupo Hermes, ambas del empresario mexicano Carlos Hank Rhon. La infraestructura hidráulica se levanta bajo esquemas COT (Construcción-Operación-Transferencia) que permiten al sector privado operar posteriormente durante un período determinado la obra para así generar ganancias. En este caso, el sector privado aporta el 34 por ciento del coste de la represa (y el 51 por ciento del coste del acueducto que va León) en inversión recuperable, con una concesión por 25 años.

Un proceso muy accidentado

Con capacidad prevista para 910 hectómetros cúbicos, El Zapotillo es la historia de una obra hidráulica muy accidentada desde sus inicios, cuando en mayo de 2006 el Gobierno federal hacía públicas por primera vez sus intenciones. La licitación se retrasa a noviembre de 2008 y sus ganadores, a septiembre del año siguiente. Dos de los siete licitantes presentaron inconformidades por el fallo y las alegaciones no se habían resuelto todavía cuando la CONAGUA firmó el contrato de adjudicación con FCC y el consorcio formado por las empresas de Carlos Hank Rhon. La Secretaría de Función Pública de México trasladó en enero de 2010 la decisión de anular el resultado, pues entendía anómalo el hecho de que la propuesta ganadora (cercana a los 128 millones de euros) hubiera sido más elevada que la presentada por el consorcio Cota-Vise-Infrocsa (90 millones de euros) y por ICA (111 millones de euros). No sirvió de nada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya advirtió a finales de 2009 que la planeación y construcción de la presa violó “los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud” [1].

Las obras han escogido también el camino más corto, pues se iniciaron sin contar, primero, con la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; segundo, con el cambio de uso de suelo por parte de los términos municipales en los que se levanta la represa, Cañadas de Obregón y Yahualica; y, tercero, con los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La historia de esta última licencia refleja el laberinto de contradicciones en el que se ha convertido El Zapotillo. Una maraña en la que todo lo que es puede no ser. El arquitecto del INAH Cuauhtémoc de Regil Fernández Lara dictaminó que la presa no podía sellar Temacapulín porque cerca del 70 por ciento del poblado presenta monumentos históricos, ambientales, paisajísticos y naturales de interés para la nación. “La eventual construcción de la presa El Zapotillo implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos. El conjunto representa un hito urbano histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la nación” [2], recoge el informe fechado el 14 de abril de 2011.

Sólo unas semanas después, el INAH impugnó su propio estudio mediante un segundo dictamen, esta vez a cargo de tres arquitectos (Arturo Balandrano Campos, Agustín Salgado Aguilar y Ana María Lara Guitiérrez), por “carencias de sustento, imprecisiones, incongruencias y omisiones en la información” en el primero. Las nuevas conclusiones eran muy diferentes: “Queda claro que la riqueza del patrimonio histórico edificado con que cuenta la región se concentra en las localidades que no están en peligro de inundación. A pesar de reconocer que el conjunto urbano rural de la localidad de Temacapulín tiene atributos que le otorgan valores ambientales, éstos quedan en amplia desventaja al evaluar el costo económico y social que representaría cancelar el proyecto hidráulico por preservar la integridad de dicho conjunto” [3], versa el dictamen fechado el 31 de mayo de 2011, que incluía asimismo sendos estudios a Palmarejo (“cuenta con arquitectura vernácula de escaso valor patrimonial y su asentamiento presenta pocos atributos que otorguen armonía al conjunto. Las construcciones más importantes tienen poca calidad en su diseño y datan de mediados del siglo XX, por lo que no es factible su defensa”) y Acasico (“cuenta también con arquitectura de escaso valor patrimonial y con pocos atributos que otorguen armonía al conjunto”).

El revuelo ha atraído también la atención de observadores internacionales como Amnistía Internacional, quien desde su portal electrónico exige a las autoridades respetar los derechos de los manifestantes contra la presa. “La protesta es el resultado de la negación de las autoridades de respetar y garantizar los derechos de las personas afectadas por la presa y el incumplimiento de una orden judicial para suspender las obras” [4], decía la o­nG humanitaria en boca de su investigador Rupert Knox. Por otro lado, alrededor de una treintena de organizaciones, entre ellas la Asociación Internacional de Derecho Ambiental, solicitó a finales de 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación de los proyectos de grandes presas en América Latina, entre ellos, el de la represa de almacenamiento El Zapotillo.

 

La CONAGUA ha campeado el temporal como ha podido, informando mediante comunicados que dará atención social a los habitantes de las tres poblaciones involucradas en la construcción de la presa, a quienes se les construirá un nuevo desarrollo urbanizado con todos los servicios. “Nunca han trasladado a gente cuando han hecho una presa en México y ahora lo prometen. Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”, aclara la activista Claudia Campero. Incluso el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, señaló que la reubicación de la población no era la más adecuada: “Se les está ofreciendo una nueva vivienda donde es imposible continuar con sus prácticas agrícolas. Son elementos preocupantes en un estado de derecho donde no se están respetando los fallos de los tribunales. Estos son los planteamientos que le presentaré al Gobierno en mi informe”, afirmó en una entrevista durante su visita a Temacapulín.

El penúltimo sobresalto se produjo el pasado mes de junio con la detención de Jorge Hank Rhon. Jorge no es Carlos (el verdadero responsable del Grupo Hermes y La Peninsular) pero comparten apellidos y ascendencia. La confusión estaba servida, situación que aprovechó una parte del sector crítico ligando El Zapotillo con la familia Hank Rhon, de conocida trayectoria para la sociedad mexicana. El padre, Carlos Hank González, fue un destacado político del PRI que llegó a ser gobernador del Estado de México, tras una dilatada carrera político-empresarial que le permitió amasar una gran fortuna entre acusaciones de tráfico de influencias. El testigo lo recogió su hijo Jorge, presidente municipal de Tijuana y candidato priísta a gobernador de Baja California. El 4 de junio de 2011 Jorge escribía un nuevo capítulo en la esperpéntica vida política mexicana protagonizando una doble detención (presuntamente, por tenencia ilícita de armas y colaboración en el asesinato de una mujer) y una doble liberación en menos de 24 horas, circunstancia criticada por la prensa internacional como un retroceso de la justicia mexicana.

FCC justifica en un cuestionario electrónico a sus socios de viaje: “Los criterios de la empresa [a la hora de elegir socios] se basan en aspectos económicos, sociales, medioambientales y de relación con el entorno. Obviamente el pragmatismo económico resulta un factor importante de decisión pero no el único. El código ético de FCC obliga a la compañía a tener en cuenta otros aspectos. [Los socios] se eligen por ser los más adecuados, tras un exhaustivo estudio de candidatos”.

¡A favor y en contra del medio ambiente!

Los promotores de El Zapotillo, autoridades y empresas, subrayan los beneficios ambientales y económicos del proyecto. Así de claro se expresó el director de la CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, en una de las mesas de diálogo cubiertas por los medios de información locales: “Va a beneficiar a dos millones y medio de personas. Es una obra que ha de continuar. Insisto en que un embalse sí es una fuente de recursos económicos”.

La defensa que esgrime FCC al ser preguntada por los desfavorables informes humanitarios y legales rema en este mismo sentido: “La construcción de una presa es una decisión generalmente polémica para la comunidad donde se ubica, dado que supone el traslado de una población importante asentada en el lugar durante generaciones. Sin embargo, se trata de proyectos que resultan altamente beneficiosos para un conjunto de la población muchísimo mayor que la afectada directamente por los traslados. En el caso de la presa El Zapotillo, actuamos como clientes de un tercero, en este caso la CONAGUA. Seguimos todas las directrices que nos marca nuestro cliente, como hacemos siempre”. Y como apoyo a este argumento hacen expresamente suya la posición pública de CONAGUA al respecto: “La infraestructura conocida como El Zapotillo es estratégica para enfrentar el cambio climático”.

Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las comunidades afectadas por las presas denuncian sin embargo que uno de los impactos más graves de El Zapotillo es la destrucción de los ecosistemas, la contaminación de agua dulce, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y las afectaciones a la diversidad de la zona. En concreto y como apunta el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la represa inundará 4.500 hectáreas. Según el estudio realizado por sus técnicos y peritos, “la presa implica el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago a la cuenca del río Lerma, con impactos ambientales que no han sido considerados, como la afectación de los mantos acuíferos”.

El futuro de Temacapulín, junto con el de Acasico y Palmarejo, se ahoga al paso que avanza la construcción. Las autoridades prevén que la cortina quede concluida a finales de 2012 y que el canal incremente su nivel para el período de lluvias de 2013. Con estos tiempos, uno de los líderes del MAPDER, Rodolfo Chávez, lo tiene claro: “Queda un margen de maniobra mínimo y si no se utiliza ya, el pueblo está condenado a desaparecer porque no han podido reunir una resistencia significativa fuerte, que es lo que se necesita en estos casos porque el Gobierno no entiende otras formas. Nunca han tenido la suficiente fuerza. Y tienen otro problema: la cortina está lejos del pueblo, por lo que simbólicamente es una lucha perdida”.

La presencia de FCC en México

La dueña de FCC es la empresaria española Esther Koplowitz y Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalber, quien ocupa la fortuna 488 del mundo según la última lista de la revista Forbes. El MAPDER no guarda muy buena impresión de la madrileña: “Mientras en Madrid y en Barcelona construye viviendas dignas para personas mayores, acá no le importa la muerte de ancianas mayores que durante el 2010 fallecieron por la crisis traumática que les ocasiona la tensión de que serán expulsadas de sus viviendas”.

Fomento de Construcciones y Contratas aclara que México “es un país clave dentro de la estrategia corporativa de crecimiento e internacionalización, que ha permitido que en pocos años la filial de FCC se haya convertido en todo un referente en las distintas zonas geográficas donde trabaja. Constituye uno de los países importantes en el apartado internacional, tanto por su presencia ya allí como por la posibilidad de lograr nuevos proyectos”.

La relevancia del país azteca en materia hídrica va más allá de El Zapotillo. Entre los proyectos más destacados figura el de reabastecimiento de agua potable de El Realito (Tamaulipas). La filial de FCC especialista en gestión integral del agua, Aqualia, es la responsable junto con la compañía local ICA de la financiación, el diseño, la construcción y la explotación de una planta potabilizadora de agua, por un período de 25 años. Con una inversión de más de 130 millones de euros, supone una cartera de negocios para el grupo FCC cercana a los 750 millones de euros.

Por otra parte, desde 2007 un consorcio liderado por FCC construye el denominado Acueducto II de Querétaro, con el que se pretende trasladar 50 millones de metros cúbicos de agua al año desde la zona semidesértica a la zona metropolitana de Querétaro, en un recorrido de 108 kilómetros de noroeste al suroeste del estado. La concesión está prevista para 20 años, el importe de las obras asciende a 177,8 millones de euros.

Y a través de Proactiva Medio Ambiente México, la empresa de Esther Koplowitz opera varios contratos de prestación de servicios, tanto del sector del agua como de los residuos, atendiendo a más de 11 millones de personas distribuidas por toda la geografía mexicana. Entre los contratos más importantes destaca el de la ciudad de Aguascalientes, con la gestión y el mantenimiento de 181 pozos profundos y 22 lagunas de oxidación.

Ficha técnica de la presa hidroeléctrica de El Zapotillo

Ubicación: Jalisco (México)

Promotores: CONAGUA y gobiernos de Guanajuato y Jalisco

Empresas constructoras: FCC, La Peninsular y el Grupo Hermes

Tipo de contrato: Contrato de Prestación de Servicios que incluye el proyecto, la construcción, la puesta en marcha, operación y mantenimiento por un plazo de 25 años

Importe: 128 millones de euros

Plazos: El avance actual de las obras es del 30 por ciento. Las autoridades prevén que la cortina quede concluida a finales de 2012 y que el canal incremente su nivel para el período de lluvias de 2013.

Características: Presa de gravedad de hormigón compactado, con una planta curva de 320 metros en coronación, y una capacidad de embalse estimada de 910 metros cúbicos. La construcción de la presa requerirá la ejecución de más de dos millones de metros cúbicos de excavación y la utilización de más de 1,1 millones de metros cúbicos de hormigón y 8,5 millones de kilos de acero. El acueducto consiste en una línea de conducción de 139 kilómetros, que partirá del municipio de Cañadas de Obregón.

(Articulo de: http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-represa-fcc-ahoga-historia-derechosLink)

Internacional | Viernes, 30 Septiembre 2011 | Coagret
COAGRET :: COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases Por una Nueva Cultura del Agua, No más pueblos bajo las aguas. RÍOS SIN PRESAS ¡PUEBLOS VIVOS!