DESMANTELAR LA PRESA DE “EL VAL”. UN VIDEO Y ALGUNAS RAZONES

17-09-2009  Pedro Luis Sainz

Desmantelar presas no es una utopía. Tampoco es una idea descabellada.

Desde hace ya unos años la tendencia a construir presas en los ríos ha descendido en todo el mundo y es que algunos gobiernos, empresas y entidades financieras parecen haber empezado a atender los criterios de una parte de la comunidad científica que desaconsejan estas infraestructuras y las voces de denuncia de ciudadanos afectados que viven en propia carne sus negativas consecuencias. Esto es así ante la evidencia del ensayo-error que ha supuesto para el medio ambiente y para millones de personas que han encontrado el dolor, el sufrimiento y la muerte, durante décadas, en todas las fases relativas al planeamiento, construcción y uso de los grandes embalses.

Actualmente hay comenzado un proceso inverso a la construcción con el desmantelamiento de algunas presas. Sin entrar a valorar detalladamente los beneficios que ello trae consigo para los ecosistemas fluviales antes agredidos sigue siendo necesario esgrimir razones que demuestren la inoperatividad y mala gestión como argumentos para llegar a la conclusión final del desmantelamiento como solución.

La presa de El Val no escapa a un común denominador de las grandes presas: primero se hace la obra y luego ya se verá para qué y como utilizarla. Conocer algunas particularidades sobre el caso Val permitirá certificar que en este proyecto no existió valoración alguna previa de cualquier posible consecuencia posterior a su ejecución. Las imágenes contenidas en el siguiente video permiten situar los razonamientos expuestos sobre el escenario real. Para verlo pinchar http://www.youtube.com/watch?v=3VfQDz3e-woLink

La presa de El Val se construyó en el pueblo de Los Fayos (año 1997), aguas arriba del núcleo urbano, a pié del cementerio. Nadie que lo ha visto puede negar el impacto que supone ese  muro de hormigón instaurado como si de un hachazo en el horizonte se tratara. No sólo el ojo que contempla el paisaje bucólico ha sido agredido. Con la mano del hombre, en nombre del progreso y sin tregua alguna para la naturaleza, se ha aniquilado un río, el Val; alterado las funciones ecológicas vitales de otro, el Queiles, y enterrado en el fondo del pantano multitud de recuerdos y sentimientos. En 1993 el pueblo de Los Fayos firmó unos  convenios,  para compensar la construcción del embalse del Val, con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón pero ha sido 16 años después cuando el consistorio y los vecinos, después de haber denunciado en muchas ocasiones la pasividad de estos organismos, han conseguido que el Tribunal Supremo dé la razón al Ayuntamiento de Los Fayos, que exige la ejecución de las compensaciones. Así, ha quedado desestimado el recurso presentado por la CHE contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaba al organismo de cuenca a cumplir su parte del convenio firmado. De cualquier forma siempre permanecerá el riesgo a que desaparezca este pueblo por la amenaza que supone tener el embalse en la puerta de casa con la posibilidad de la rotura de la presa. Y no sólo está condenado Los Fayos a vivir bajo la amenaza del miedo a ser inundado, sino que el Plan de Emergencia del embalse ha dejado al descubierto los riesgos que nunca antes habían trascendido a la opinión pública y es que son todos los núcleos urbanos  situados en el valle del río Queiles, hasta su desembocadura en el río Ebro, los afectados por riesgo de inundación.

El Plan de Emergencia de Presas es una útil herramienta para la gestión del riesgo de inundación, imprescindible en la política de prevención de riesgos futuros para los ciudadanos y sus bienes y determinante en la evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones. El documento fue elaborado por la CHE en julio de 2000, informado favorablemente por la Comisión Permanente de la Nacional de Protección Civil con fecha 2 de diciembre de 2003 y aprobado por resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas con fecha 23 de enero de 2004. De su contenido cabe resaltar algunos datos básicos para entender, tras un razonamiento lógico, que la previsión del riesgo de posibles daños por inundación es de gran magnitud:

  • La avenida de proyecto adoptada en el diseño de la presa del Val es de 302 m3/sg, que corresponde a un período de retorno de 1000 años.
  • También se ha considerado como avenida extrema la correspondiente a la avenida máxima probable cuyo caudal punta es de 723 m3/sg.
  • La avenida máxima registrada fue en 1962 siendo su caudal punta de 150 m3/sg.
  • La puesta en servicio de todos los desagües disponibles en la presa al máximo posible está limitado por los posibles daños aguas abajo, en los núcleos de Los Fayos y Tarazona, donde existen encauzamientos cuya capacidad es 140 m3/sg.
  • En los mapas donde figura la inundación hipotética causada por la rotura de la presa del Val con avenida se señala la línea envolvente del área potencialmente inundable y los tiempos de llegada de la onda de rotura, a destacar las afecciones previstas en los siguientes núcleos urbanos:

 

Código

 

Afección

Dist. a presa (km)

Tiempo llegada(h)

T. nivel máximo (h)

Nivel máximo (msnm)

Calado máximo (m)

Veloc. Máxima (m/sg)

1-N-3

Los Fayos (pueblo)

0.49

0.10

0.28

582.30

26.10

11.9

1-N-13

Tarazona (núcleo urbano)

6.38

0.21

0.40

494.20

17.20

7.7

2-N-1

Novallas (piscinas municipales)

12.32

0.51

0.71

418.80

0.80

4.8

2-N-8

Tulebras (pueblo)

16.06

0.73

0.96

375.20

3.10

3

3-D-4

Ciudad jardín

17.61

0.83

1.13

364.10

8.70

3.5

3-N-9

Cascante (pueblo)

18.37

0.88

1.19

357.10

6.70

6

3-N-14

Periferia del pueblo de Murchante

22.49

1.25

1.49

314.00

0.50

3.4

5-N-1

Tudela (pueblo)

26

1.53

1.95

266.10

6.10

4.6

También en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto 237/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón publicado en el BOA de 22 de diciembre de 2006, se considera función básica de los Planes de Emergencia de Presas determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos.

En la elaboración de este Plan por el Gobierno de Aragón se tuvo presente la información recogida en una encuesta que se distribuyó a través de Protección Civil a los 730 municipios de la Comunidad Autónoma. El principal objeto de la realización de la encuesta era conocer el historial de avenidas o inundaciones que han tenido los diferentes municipios de Aragón, conociendo, a su vez, los medios o recursos de los que dispone y de los problemas y daños que tuvieron. El Ayuntamiento de Tarazona no contestó la encuesta y, por lo tanto, esta ciudad no aparece entre los municipios con riesgo de avenida. Esto era el año 2005, curiosa anécdota tras observar que en esas fechas se estaba cuestionando socialmente el proyecto de construcción de un nuevo Centro de Salud en Tarazona y el interés del Ayuntamiento era su ubicación en el lugar más bajo de la ciudad, en la orilla de río, menospreciando el riesgo de inundaciones y las previsiones del Plan de Emergencia del Val. Aunque el propósito municipal se consiguió también se logró que este servicio básico halla quedado afectado por el Plan siendo que forma parte de él. Esta incongruencia quedaría justificada por el Justicia de Aragón diciendo que si se produjera la rotura de la presa, en el peor supuesto, el personal del Centro de Salud tiene tiempo suficiente para evacuar las instalaciones antes de que llegue la inundación. Escalofriante declaración de una persona que ni trabaja en el Centro ni vive en Tarazona. No puede esconderse que los turiasonenses saben sobradamente de los daños que han ocasionado las riadas del río Queiles y en los archivos de riadas históricas de la CHE aparecen registradas numerosas riadas en la ciudad.

Debe tenerse en cuenta que este río ha sido socialmente reconocido por las inundaciones ocurridas en el pasado que han causado impactos negativos significativos, y sembrado pánico, ruina y desolación. Cada vez que se han producido el recuerdo dura siglos.

Una recopilación de inundaciones históricas aparece en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones y también están recogidas en el Plan Hidrológico del Queiles, de otras hay noticias en la prensa y de más hacen referencia en la Historia escrita de Tarazona los cronistas D. José María Sanz Artibucilla y D. Teófilo Pérez Urtubia. Algunas viven en el recuerdo de nuestros mayores. La más remota de que hay noticias es del 9 de agosto de 1171. En 1528, el Ayuntamiento de Tarazona acordó un “vecinal” hasta que el Claustro de la Catedral quedase limpio a causa del desbordamiento del río Queiles; en mayo de 1658 destruyó el puente del Prado (hoy Virgen del Río), se cuartearon casas de la Plazuela de Nuestra Señora y otras se desplomaron; lo mismo ocurrió en 1660. En 1709 afectó a Tudela; en 1871 la padeció la Villa de Agreda; el mismo año, a partir de Tarazona, las aguas del Queiles cubrieron la cuenca en una extensión tal que por el término de Cascante llegaron a sobrepasar la cuesta de Lor; en Murchante, sólo en los campos, el Ayuntamiento evaluó las pérdidas de 400.000 reales y en Tudela hubo víctimas mortales, más de 200 edificios se hundieron o resultaron afectados y las pérdidas económicas se calcularon en 6 millones de reales. En 1879 ocasionó elevadas pérdidas materiales en Tarazona; a primeros del siglo XX se perdieron vidas humanas; la riada de 1929 taponó el viejo puente de San Francisco; destacada fue la de 1936 y en 1977 las paredes del cauce sufrieron para contener la riada.

Nunca el río Queiles amenazó con inundaciones de las magnitudes que hoy se prevén desde que se construyó El Val. Es imprudente no considerar los riesgos de inundación en todo el recorrido del río Queiles e ignorar la evidencia de que la rotura de la presa de El Val o un desembalse a plena carga junto con avenida de otros barrancos aumentaría los posibles daños producidos aguas abajo. Es, además de imprudente, peligroso que en el Plan Especial de Protección Civil se diga que el Plan de Emergencia de la presa de El Val no está aprobado aunque la Dirección General de Obras Hidráulicas sí lo aprobara en 2004. Una grave contradicción que evidencia falta de rigor informativo.

Ninguna obra es eterna y según el informe elaborado por la Comisión Mundial de Represas, avalado por el Banco Mundial, y en cuya elaboración colaboró la CHE, estas infraestructuras tienen una vida media de 50 años, son deficientes en el desempeño técnico, financiero y económico, aumentan la vulnerabilidad al cambio climático y los esfuerzos de mitigación de impactos aguas abajo de las presas fallan normalmente.

La relación de  presas rotas en España, incidentes en el manejo de compuertas y por la operación de centrales hidroeléctricas más los accidentes que se vienen sucediendo en otras partes del mundo han provocado una creciente  preocupación social y ambiental obligando a elaborar una normativa que regule la seguridad de los ciudadanos. Nuestra Administración tras la aprobación del Reglamento de Seguridad de Presas y Embalses estableció juntamente con la Directriz de Protección Civil para el Riesgo de Inundaciones, la obligatoriedad de clasificar las presas en función del riesgo potencial en caso de rotura o funcionamiento incorrecto en tres categorías. El Val está clasificado en la categoría A, la de mayor riesgo.

De la gestión del riesgo de inundación es considerado objetivo adecuado establecer un Dominio Público Hidráulico centrando su vigilancia en la prevención de consecuencias adversas desfavorables y hostiles para las personas y los bienes, paliar los efectos de inundaciones dice la Directiva 2000/60/CE, es decir, suavizarlas y hacerlas menos violentas.

La creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema hizo que el gobierno de España viendo la necesidad de mayor legislación al respecto estimara imprescindible mejorar e incrementar el control de la seguridad de las presas y embalses concluyendo en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/ 1986, de 11 de abril. El espíritu y la filosofía del Real Decreto 9/2008 quedan patentes en todo su contenido donde es elemento fundamental la gestión del riesgo y que persigue como objetivo la protección de las personas y los bienes, y del medio ambiente. Siempre incrementando la prevención. La Unión Europea también ha desarrollado una legislación relacionada. Así, opino el Real Decreto 9/2008 adaptado a la Directiva 2007/60/CE y también a la Directiva 2000/60/CE y, en buena sintonía de toda esta normativa, los criterios para la gestión de los riesgos de inundación que deben ser aplicados. Aspecto fundamental común de la legislación citada sobre planes de gestión del riesgo de inundación es la reducción de las consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

Toda la legislación, sin embargo, parece lejana para las autoridades más próximas al origen de la amenaza que no esconde la presa de El Val. Visto lo que dice el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a los Planes Municipales en el que existe un punto específico sobre los “Planes de Actuación de Ambito Local Frente a Inundaciones”, resulta grotesco que D. Luis Maria Beamonte Mesa, actual alcalde de Tarazona, manifestara, en julio de 2007, la no obligatoriedad de realizar un Plan de Protección Civil Municipal e hiciera referencia a que existe un Plan Comarcal redactado en 1997. Hay que añadir que en éste último no aparece contemplado el riesgo de inundaciones en Tarazona, sin embargo, en febrero de 2007, y conforme al Plan de Emergencia de la Presa de El Val, se instalaron las sirenas de alarma, para avisar a la población, en un lugar de propiedad municipal, en lo alto del viejo silo de la estación, hoy Centro de Educación Infantil. La Ley de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, Ley 30/2002, de 17 de diciembre, en su Artículo 23, punto 2, hace referencia a la obligación que las Comarcas tienen de elaborar y aprobar un plan de protección civil comarcal, en el que se integrarán los respectivos planes municipales. A fecha de hoy nada ha cambiado y nadie sabe todavía como suenan esas sirenas.

Además, la presidencia de la Junta Central de Usuarios del río Queiles y del Embalse de El Val la ocupa el Ayuntamiento de Tarazona, está personalizada en el concejal D. Alfredo Chipriana por lo que nunca se podrá argumentar desconocimiento sobre el asunto. Más aún, conociendo el contenido del artículo 3.5.1.5 de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones que hace referencia al obligado conocimiento de las autoridades municipales de los Planes de Emergencia de Presas que les afecten, particularmente los municipios cuyo ámbito territorial puede verse alcanzado por la onda de rotura en un intervalo no superior a dos horas.

La configuración actual del lecho del río canalizado con puro cemento en Los Fayos y en Tarazona limita y perjudica el desagüe de cualquier avenida, las continuas reformas de los puentes han estrechado el cauce y las enormes cantidades de dineros invertidos en estas actuaciones son fruto de la anclada, pobre y anquilosada idea que se tiene de limpieza del río. Esta irresponsable forma de actuar todavía puede traer mayores consecuencias pues la disposición presente aumenta los riesgos de inundación. Es necesario hacer referencia a la ausencia importante de una firme manifestación pública e institucional de no borrar del mapa los ríos mediante cubrimientos de cualquier naturaleza. Cualquier cubrimiento es un obstáculo insalvable para una avenida del río y por lo tanto un elemento de riesgo para la población. Me permito recordar que durante la polémica del intento de cubrimiento del río Queiles por el Ayuntamiento de Tarazona las Cortes de Aragón, el 6 de junio de 2000, dictaminaron una Proposición no de Ley contraria a los cubrimientos de los ríos, concretamente la Proposición no de ley número 93/99-V, sobre el tratamiento de los cauces fluviales a su paso por los cascos urbanos.

Las inundaciones traen consigo conflictos sociales cuando se han producido. La reducción del riesgo es un compromiso ciudadano y también de la Administración. En última instancia se está jugando con vidas humanas y vulnerando, cuando ese compromiso no se asume, derechos fundamentales, a la integridad física y a la seguridad, recogidos en nuestra constitución (art. 15 y 17.1). Ignorar la normativa vigente resulta inmoral,  cuando menos.

Por otro lado, lleno El Val desde el año 2003, las necesidades hídricas de los usuarios han estado satisfechas con un desembalse de 4 Hm3 anuales tal y como se desprende de los datos recogidos por la CHE en el Sistema Automático de Información Hidrológica. Se deduce inadmisible el almacenamiento de mayor volumen de agua por el riesgo que representa para las poblaciones de la cuenca del río Queiles situadas aguas abajo de la presa. Municipios éstos nunca compensados por las aguas arrebatadas desde el año 1941, por Decreto ministerial, mediante el trasvase otorgado en provecho de poblaciones que pertenecen a la cuenca del río Alhama y del río Ebro que, sin correr riesgo alguno de inundación por el río Queiles, se han beneficiado del desarrollo que proporciona el recurso agua. Un abuso desconsiderado pues estos pueblos tienen su abastecimiento ampliamente atendido con fuentes más próximas que el río Queiles y que El Val, disponen de dotaciones estimadas superiores a 300 litros por habitante y día, algunos casi doblan la cifra. Este trasvase, al igual que otros, ha creado conflictos desde su existencia ente las comunidades implicadas. Hoy, ya no puede ignorarse la mayor sensibilidad social contraria a este tipo de medidas, la propia Unión Europea ha emitido informes rechazando los trasvases por ser insostenibles y generar enfrentamientos.

En el Plan Hidrológico del Queiles están detallados y justificados los usos del agua y, por lo tanto, las nuevas concesiones de derechos de caudal de los últimos años y las solicitudes para incrementar la superficie regable y el abastecimiento urbano pero el fundamental, después del consumo humano, el caudal ecológico, permanece ausente. Más y/o mayores concesiones (nunca fuera de la cuenca) irán en detrimento del caudal ecológico cuando la Ley de Aguas en su artículo 59.7 dice que los caudales deben considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación.

Con el objetivo de conseguir un buen estado químico y biológico en el río Queiles se precisa que por él circule un caudal de agua capaz de restablecer su calidad ambiental, normalizar su estado ecológico y conseguir la buena calidad de las aguas que se pretende en la Directiva Marco del Agua (DMA). Lejos quedan aquellos años cuando en las aguas de este río, en todo su recorrido hasta el río Ebro, vivían truchas, barbos, madrillas, bermejuelas, gripias, tejedores, anguilas, dragas, cangrejos, ranas, sanguijuelas. Incluso esta circunstancia llegó a posibilitar que algunas familias consiguieran el abasto necesario de pescado en épocas de miseria y hambruna.

La obra está sobredimensionada, no existe justificación para mantener los niveles de llenado que amenazan a la población, sus bienes y al medio ambiente. Cívico y plausible es la actitud ciudadana de no admitir permisible que El Val hipoteque la seguridad de las personas y condene a sufrir, en las poblaciones afectadas, la presión psicológica que supone, para la vida cotidiana,  la posibilidad de una enorme inundación. El sistema de alarma instalado en Los Fayos y en Tarazona es un símbolo evidente de que la presa de El Val no puede aprobarse como un icono de desarrollo sostenible. Más aún si hacemos caso de las palabras de D. Francisco José Hijós Bitrián, ingeniero de caminos, canales y puertos, hoy nuevo director técnico de la CHE, responsable de las áreas de Proyectos y Obras y de Explotación de Embalses y, junto al comisario de Aguas, al jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y al secretario general, forma parte del equipo directivo del organismo de cuenca, que escribe en su artículo “Gestión de lo impactos aguas debajo de la operación de presas”: …En diversos países desarrollados, de forma reciente, se instalan sirenas en las zonas vulnerables pero prácticamente no funcionan nunca … Y, en lo que respecta para los posibles usuarios, la desproporcionada obra ha generado, con la aplicación de la recuperación íntegra de costes que propugna la DMA, un posible pago difícilmente asumible, especialmente para el sector agrícola de la zona donde la población activa no se renueva por la escasa rentabilidad económica que proporciona la actividad. Sirva como ejemplo orientativo la comparativa del rendimiento del cultivo de maíz en la huerta de Tarazona con el posible canon aplicable del coste del embalse de El Val:



Nº máx. de riegos necesarios por Ha…………...…. 6

Riegos normalmente garantizados sin El Val……... 5

Kgs. por Ha……………………………….…8000-9000

Pago anual de riego por Ha. sin el Val…………...65 E

 

 

 

 


Un factor a tener en cuenta es que el número de riegos está considerado en un periodo sin precipitaciones. Si llueve los riegos disminuyen.

Coste de la obra………………………... 120.000.000 E

Has. declaradas por los usuarios…………… 10.000

Coste por Ha………………………………….. 12.000 E

Amortización a 50 años

Coste por Ha. y año…………………………..….. 240 E

Las cifras no son escrupulosamente exactas. Desconocido el coste final de la obra, ya triplicado el presupuesto original, tanto si se riega como si no el canon es un gasto fijo.



Un riego facilitado desde El Val cuesta…….…. 240 E

Costo anual de riego por Ha………………..……305 E

 

 


Esto es aplicando el canon sin añadir el gasto por consumo de agua ni los gastos administrativos de la explotación del embalse ni otros gastos extraordinarios.

Datos oficiales ministeriales sobre la campaña 2007 en España cifran, para producciones de 11.294 Kg/Ha y a 0,20 Euros/Kg, beneficios de 617,82 E/Ha. En nuestro caso, si se descuenta el coste del riego el beneficio se reduce a la mitad pero con las producciones obtenidas en la zona las cifras del beneficio se hunden. Es entendible que los regantes se nieguen al pago de la obra; jamás les dijeron, mientras se proyectaba, lo que tendrían que pagar y el canon que resulta es, mayoritariamente, una herencia de dudoso agrado para las generaciones futuras. Ante la ausencia de un estudio de coste-beneficio-riesgo, la improvisación reina en la gestión y nadie discute el reparto de caudal que se hace anualmente entre las comunidades de usuarios por que todavía a nadie se le ha obligado a pagar.

Pero las cifras económicas se verán permanentemente penalizadas para el gasto público debido a las consecuencias derivadas por la vulnerabilidad al cambio climático de los grandes embalses. Sus diseños no permiten los nuevos extremos de sequías e inundaciones anunciados por el efecto invernadero: las sequías reducirán altamente la generación hidroeléctrica y las inundaciones, por intensidad y frecuencia, aumentarán la gran recarga de sedimentos anual y contribuirán a acortar la vida útil de los embalses. También,  las Emisiones de Gases de efecto Invernadero (GEI) emitidas cada año por las grandes presas van a suponer un tributo añadido. Sólo la aportación de metano y dióxido de carbono procedente de la descomposición de la materia orgánica contenida en los embalses (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, plancton) significa una importante contribución al calentamiento global. Cálculos estimados por Ivan Lima, del Instituto Nacional Brasileño para Investigaciones Espaciales, y anunciados en una publicación científica, son 104 millones de toneladas de gas metano los emitidos cada año por las grandes presas (el metano es un gas 25 veces más potente que el dióxido de carbono). Ello significa que los cálculos hechos por Lima implican que las 52.000 represas en el mundo contribuyen más de 4% al calentamiento global debido al impacto de actividades humanas, reforzando así los pronósticos que algunos organismos internacionales y algunas ONG´s  llevan diciendo desde hace décadas.

En España el Inventario Nacional de Emisiones para el año 2006, cifra las emisiones de GEI del sector agro-ganadero en Aragón en 4,6 MtCO2eq, lo que supone un 10% sobre el conjunto nacional. La contribución de este sector al total regional está entorno al 20% pero la aportación de las emisiones de las grandes presas en el contexto aragonés podría suponer 0,23 MtCO2eq, lo que para el sector agrícola representaría casi un 5% más de emisiones. Como es obvio El Val no resta emisiones.

La gestión de los efectos producidos por la explotación de los embalses es un aspecto de suma importancia para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de las presas. En el proyecto de la presa de El Val los riesgos para la población se omitieron (quizás por ignorancia) pero con los conocimientos actuales todavía se puede replantear el uso de la infraestructura. Es difícil asumir una realidad problemática que puede desbordar toda lógica e incluso sentir impotencia para resolverla. Aunque los riesgos para la población puedan ser remotos, sólo con una vez que se produjera la emergencia anunciada sería suficiente para lamentar no haber actuado para prevenir la catástrofe. El número de personas que no lo podrían contar es imprevisible.

Sin duda alguna, las razones aquí desarrolladas no serán las únicas para argumentar el desmantelamiento de la presa, posiblemente falten motivos, otras consideraciones pueden ir sumándose con el transcurso del tiempo pero hoy, ya, la justificación de la obra es tan  invisible que sólo queda manifiesta la violenta sinrazón, la repugnante agresividad para lo humano y lo divino y el desprecio de la amistad y buena correspondencia con la naturaleza.

Artículos | Martes, 22 Septiembre 2009 | Coagret
COAGRET :: COordinadora de Afectados por GRandes Embalses y Trasvases Por una Nueva Cultura del Agua, No más pueblos bajo las aguas. RÍOS SIN PRESAS ¡PUEBLOS VIVOS!